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Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sobre las relaciones con Estados Unidos y las implicaciones del endurecimiento de la política de Washington hacia América Latina

Categoría
Observación Actual
Publicado
4 de septiembre de 2026
Ilustración

Resumen ejecutivo

La reciente declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rodríguez, no es tanto una nueva señal diplomática como un acto inercial que reafirma la narrativa existente sobre el bloqueo estadounidense. La segunda administración Trump, liderada por el secretario de Estado Rubio, está reviviendo el marco de la «troika de la tiranía». La posibilidad de que la presión militar sobre Venezuela pueda escalar a tensiones más amplias en todo el Caribe está agudizando el sentido de crisis del Gobierno cubano. En los próximos 12 meses, la trayectoria más probable es que la estructura de sanciones se mantenga afianzada con pocos cambios; esto debe considerarse una variable dependiente determinada por la evolución de la situación en Venezuela. Dado el estatus de Cuba como país con relaciones diplomáticas recién establecidas, el Gobierno y las empresas de Corea del Sur deberían mantener una actitud de espera, utilizando las tendencias en la emisión de licencias del Departamento del Tesoro de EE. UU. como un indicador clave en lugar de buscar una entrada preventiva en el mercado. Al mismo tiempo, deben prepararse para la posibilidad de que el patrón de expansión de las sanciones secundarias observado en el caso de Irán también pueda aplicarse a Cuba y, por lo tanto, necesitan evaluar su exposición a transacciones realizadas a través de instituciones financieras de terceros países.

Diagrama

I. Análisis de la situación actual

Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sobre las relaciones con EE. UU.: antecedentes e implicaciones

1. Antecedentes y evolución

Desde la década de 1960, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha tratado el bloqueo estadounidense (bloqueo) como una prioridad diplomática de primer orden, directamente vinculada a la supervivencia nacional. En el lenguaje oficial del Gobierno de La Habana, este bloqueo no es una mera sanción bilateral. Se define como una violación del derecho internacional, cuyo levantamiento la Asamblea General de la ONU ha exigido durante más de 30 años por una abrumadora mayoría. La decisión del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, de volver a plantear el tema de las sanciones en su reciente entrevista en un pódcast es una extensión de este marco.

La primera administración Trump revirtió la tendencia de normalización diplomática que se produjo durante la era Obama. Redesignó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y restableció las restricciones a las remesas y los viajes. La administración Biden no revirtió significativamente esta política. Aunque consideró rescindir la designación de terrorismo al final de su mandato, el proceso fue efectivamente anulado justo antes del inicio de la segunda administración Trump. Desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, esto se considera como el afianzamiento de la estructura de sanciones, independientemente de los cambios en la administración estadounidense.

Debido a estas sanciones, el acceso de la economía cubana al sistema de compensación en dólares estadounidenses está estructuralmente limitado. Las importaciones de petróleo crudo, la adquisición de medicamentos y las remesas del exterior enfrentan cuellos de botella debido a la preocupación de las instituciones financieras de terceros países por las sanciones secundarias. El Gobierno de La Habana se ha referido a esto como una «guerra económica y financiera». La reciente declaración del ministro Rodríguez no se desvía de esta terminología.

2. Situación actual

En su reciente entrevista, el ministro Rodríguez enfatizó que las sanciones continúan restringiendo el acceso de Cuba a las finanzas y el comercio regionales. Esto no es tanto una nueva afirmación como una reafirmación de su posición existente. Sin embargo, es notable que el momento de su declaración coincide con una fase en la que la política de la segunda administración Trump hacia América Latina se está endureciendo una vez más.

Desde que asumió el cargo, la administración Trump ha mostrado signos de revivir el marco de la «troika de la tiranía» de su primer mandato, agrupando a Venezuela, Nicaragua y Cuba. El hecho de que el secretario de Estado Marco Rubio y otros partidarios de la línea dura cubanoamericanos ocupen nuevamente puestos clave en la política hacia América Latina es otro acontecimiento que el Gobierno de La Habana sigue de cerca. Desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, la postura de línea dura de Washington no se considera una retórica temporal, sino una condición estructural que persistirá durante todo el mandato de la administración.

Mientras tanto, han surgido informes sobre discusiones en algunos círculos estadounidenses acerca de opciones militares contra Cuba. Esto coincide con la presión militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela, que se ha hecho visible a través de los despliegues navales de EE. UU. en el Caribe, alimentando la preocupación en el Gobierno de La Habana de que Cuba también podría convertirse en objetivo de una presión similar. Para el Gobierno cubano, tal especulación se interpreta como una señal que excluye por completo la posibilidad de negociaciones para aliviar el bloqueo.

3. Actores clave y sus posiciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el ministro Rodríguezhan mantenido consistentemente una narrativa externa que identifica las sanciones como la causa estructural de las dificultades económicas del país. Para el Gobierno cubano, el alivio de las sanciones es un asunto directamente vinculado a la legitimidad del régimen. A nivel interno, respalda la lógica de culpar a factores externos por las dificultades económicas; a nivel externo, proporciona la base para una campaña continua de relaciones públicas en el escenario de la ONU. La declaración del ministro Rodríguez puede considerarse dirigida a ambos objetivos simultáneamente.

El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EE. UU.han empleado una lógica que critica a Cuba por su situación interna de derechos humanos y sus relaciones de cooperación con Rusia y Venezuela. La segunda administración Trump tiende a tratar el tema de Cuba no como un punto de agenda independiente, sino como parte de un paquete de presión más amplio dirigido a los regímenes autoritarios de todo el hemisferio occidental, incluidos Venezuela y Nicaragua. Esto es estructuralmente similar a las tácticas de presión centradas en sanciones secundarias observadas en el caso de Irán [4][6]. La lógica de estrangular la línea de vida económica de un régimen cortando el acceso financiero podría aplicarse de manera similar a Cuba.

Grupos políticos cubanoamericanos de línea durason actores con sede en Florida que han proporcionado el impulso político para las políticas de línea dura contra Cuba dentro del Congreso. Su posición es firme en mantener y fortalecer el bloqueo, y han influido consistentemente en los nombramientos de la administración.

Países de América Latinaestán preocupados por los efectos indirectos que la presión de EE. UU. sobre Cuba y Venezuela podría tener en la estabilidad del Caribe y América Central. Sin embargo, existen diferencias significativas de perspectiva entre los países individuales. Los países con gobiernos de izquierda emiten declaraciones de solidaridad con Cuba, mientras que los gobiernos de derecha tienden a alinearse con la política de Washington hacia América Latina.

4. Resumen de los temas clave

El primer tema es la continuación e intensidad del bloqueo. Mientras que el Gobierno cubano exige el levantamiento de las sanciones, la dirección política de la segunda administración Trump se inclina más a fortalecerlas que a aliviarlas. Mantener la designación de Estado patrocinador del terrorismo y la posible restauración de las restricciones a las remesas y los viajes son coherentes con esta tendencia.

El segundo tema es la realidad de la opción militar. La posibilidad de una acción militar directa contra Cuba aún no es una política oficial. Sin embargo, con los repetidos despliegues navales de EE. UU. y la retórica de línea dura en torno a Venezuela, el Gobierno cubano parece estar tratando esto como un escenario no despreciable y preparando un discurso correspondiente.

El tercer tema es la accesibilidad financiera. Como se ha visto en el caso de Irán [4][6], los métodos de sanción de EE. UU. están evolucionando desde la designación de objetivos individuales hacia medidas estructurales que apuntan al acceso de un banco al propio sistema de compensación en dólares. Si se aplica un enfoque similar a Cuba, sus transacciones financieras a través de terceros países podrían contraerse. Las empresas e instituciones financieras surcoreanas deben evaluar proactivamente su exposición a transacciones relacionadas con Cuba o a estructuras de pago que pasan por América Latina.

II. Análisis en profundidad de los temas

Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba sobre las relaciones con EE. UU.: un análisis en profundidad

1. Análisis de las causas fundamentales

El tratamiento que Cuba da a las sanciones de EE. UU. como una cuestión de supervivencia del régimen no es mera retórica. La economía cubana está estructurada de tal manera que no puede adquirir de forma fiable petróleo crudo, medicamentos o alimentos sin acceso al sistema de compensación en dólares. La Ley Helms-Burton de 1996 estipulaba que las empresas de terceros países que hicieran negocios con Cuba podrían ver confiscados sus activos en EE. UU. Esta ley todavía sirve como base legal para las sanciones secundarias. Desde la perspectiva del Gobierno de La Habana, la causa fundamental de este problema es que el bloqueo de la era de la Guerra Fría no se levantó después de la Guerra Fría, sino que se codificó en ley.

La primera administración Trump activó de hecho el Título III de la Ley Helms-Burton. Esta fue una disposición que ninguna administración anterior había implementado desde la promulgación de la ley en 1996. La medida permitía presentar demandas en tribunales estadounidenses contra empresas que hubieran traficado con propiedades cubanas confiscadas. La activación de esta disposición supuso una amenaza real para las empresas europeas y canadienses que hacían negocios con Cuba. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba describe las sanciones como un problema de «accesibilidad financiera y comercial regional», se refiere a esta presión estructural.

La composición del personal que maneja la política hacia Cuba en la segunda administración Trump es otra parte de la causa fundamental. El secretario de Estado Marco Rubio, un cubanoamericano de segunda generación, ha sido uno de los principales defensores de una postura de línea dura hacia Cuba desde su época como senador. Su nombramiento para supervisar la política hacia América Latina como secretario de Estado es interpretado por el Gobierno cubano como una señal de que el margen de negociación se ha reducido. El hecho de que las filas políticas de Washington estén ahora ocupadas por un individuo que posee tanto convicción personal como autoridad institucional está agudizando el sentido de crisis de La Habana.

2. Contexto estructural

Desde una perspectiva político-estructural, el tema de Cuba es inseparable de la política interna de EE. UU. El bloque de votantes cubanoamericanos en Florida es una parte fundamental de la base de apoyo republicana. En los distritos del sur de Florida, incluido el condado de Miami-Dade, las promesas de campaña de línea dura sobre Cuba influyen directamente en el comportamiento electoral en cada elección. Debido a esta estructura, cualquier política conciliadora hacia Cuba conlleva costos políticos internos para cualquier presidente de EE. UU. Esta asimetría política es también la razón por la que la normalización de las relaciones diplomáticas de la administración Obama fue tan fácilmente revertida durante el primer mandato de Trump.

La estructura económica pone de manifiesto la vulnerabilidad de Cuba de forma aún más clara. Cuba ha recibido durante mucho tiempo una parte significativa de su petróleo crudo de Venezuela. Ahora que el régimen de Maduro es un objetivo de la presión militar estadounidense, la cadena de suministro de petróleo de Cuba se ha vuelto doblemente vulnerable. Es una estructura en cadena en la que si Venezuela flaquea, la seguridad energética de Cuba flaquea con ella. Además, los aliados de Cuba, como Rusia e Irán, están ellos mismos atrapados en la red de sanciones de EE. UU., lo que limita su capacidad para proporcionar un apoyo sustancial a Cuba.

En la estructura de seguridad, entra en juego la condición geopolítica del Caribe como tradicional patio trasero de EE. UU. Aunque los despliegues navales de EE. UU. en el Caribe son ostensiblemente para la lucha contra el narcotráfico o para presionar a Venezuela, desde la perspectiva del Gobierno cubano, plantean la preocupación de que toda la región pueda convertirse en un objetivo de la presión militar estadounidense. Cuba es el país socialista geográficamente más cercano a Estados Unidos. Esta proximidad geográfica en sí misma ha funcionado como una constante estructural en la percepción de seguridad de Cuba.

3. Precedentes históricos y comparación con casos similares

La crisis de los misiles de Cuba de 1962 fue el acontecimiento arquetípico que moldeó la desconfianza del Gobierno cubano hacia Estados Unidos. Después de la crisis, EE. UU. llegó a un acuerdo tácito con la Unión Soviética de no invadir Cuba, pero el bloqueo económico fue en realidad fortalecido. A través de esta experiencia, el Gobierno cubano aprendió el patrón de que evitar el conflicto militar y mantener la presión económica podían ocurrir simultáneamente. El hecho de que la frase «guerra económica y financiera» sea más prominente que la propia opción militar en la declaración actual del ministro Rodríguez puede verse como una extensión de este aprendizaje histórico.

La activación del Título III de la Ley Helms-Burton y la campaña de «máxima presión» contra el régimen de Maduro en Venezuela durante el primer mandato de Trump (2019-2020) son estructuralmente similares a la situación actual. En ese momento, Cuba y Venezuela también fueron tratados como un solo paquete. El marco de la «troika de la tiranía» fue simbólico de esto. Este marco, que también incluía al régimen de Ortega en Nicaragua, tuvo el efecto de expandir los problemas de países individuales a una confrontación ideológica regional. La reactivación de este marco hoy en día está debilitando el poder de negociación independiente de Cuba y creando una dinámica que vincula las situaciones de Venezuela y Cuba.

Una comparación con el caso de Irán también ofrece perspectivas. Cuando las operaciones militares contra Irán no lograron el colapso del régimen, Estados Unidos pasó a la presión financiera encabezada por sanciones secundarias [4][6]. El secretario del Tesoro Besant definió este enfoque como un «Día D económico», optando por un método que apuntaba al acceso mismo de las instituciones financieras de terceros países al sistema de compensación en dólares [4]. Una lógica similar podría priorizarse para Cuba: en una situación donde los beneficios de una opción militar son limitados, el método preferido puede ser cortar la línea de vida económica del régimen a través de la presión financiera. Sin embargo, a diferencia de Irán, Cuba carece de la capacidad para exportar petróleo crudo o tomar represalias a través de intermediarios regionales, lo que significa que su capacidad para responder a la presión es mucho más limitada.

4. Variables clave que configuran la evolución futura

La primera variable es la trayectoria de la situación en Venezuela. Si la presión militar de EE. UU. sobre el régimen de Maduro conduce a un cambio de régimen real, Cuba se enfrentaría a la pérdida de su línea de suministro de petróleo y a la preocupación de convertirse en el próximo objetivo de EE. UU. Por el contrario, si la situación en Venezuela permanece en un punto muerto, los recursos políticos de EE. UU. se dividirían, reduciendo potencialmente la intensidad de la presión sobre Cuba.

La segunda variable es el calendario político interno de EE. UU. De cara a las elecciones de mitad de período, no se puede descartar la posibilidad de medidas simbólicas de línea dura dirigidas a los votantes cubanoamericanos en Florida. En este caso, podrían repetirse medidas que tienen más que ver con mensajes políticos internos que con efectos políticos sustantivos.

La tercera variable es si Cuba puede asegurar líneas de vida externas. La pregunta clave es si la cooperación económica ampliada con Rusia y China puede proporcionar un amortiguador real. Sin embargo, como se ha visto en el caso de Irán, incluso China tiende a adoptar un enfoque cauteloso de doble vía en la práctica, mientras mantiene públicamente su oposición a la presión de las sanciones secundarias de EE. UU. [6]. Es probable que el apoyo a Cuba también se mantenga en un nivel igualmente simbólico.

La cuarta variable es si los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton se activarán aún más. Si estas disposiciones se utilizan activamente de nuevo, el éxodo de empresas europeas y canadienses de Cuba se aceleraría, estrechando aún más el acceso externo de la economía cubana. La continua presentación de resoluciones por parte del Gobierno cubano en la ONU para levantar el bloqueo puede entenderse como una contraestrategia para socavar la legitimidad internacional de esta presión legal.

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*Este texto es una traducción mediante IA de un original escrito en coreano. Pueden existir errores de traducción o matices imprecisos.

Este informe es un análisis en profundidad planificado por un investigador de EAI, basado en una investigación rigurosa asistida por IA y redactado en su versión final por el investigador de EAI.

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